El ejemplo que se usó pero no se siguió en nuestro caso es el del Consejo Económico y Social de España el cual se creo como un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. En España, este tiene personalidad jurídica propia, capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines y nace con base en la Constitución Española. A los españoles les tomó más de una década de negociaciones para llegar a acuerdos para la implementación de este ente, ya que por su trascendencia no se podía implantar a la ligera. Acá se diseñó, negoció, y creó en menos 100 días.

Un órgano colegiado de esta importancia, si es mal diseñado, sin funciones claramente delineadas, con escasa o cuestionada representatividad, que nace del parto de un incesto (se cocinó en Casa Presidencial sin participación de ningún partido político que avale su diseño ni fines), no funcionará. Esta entidad creada por el Presidente Funes dista mucho del modelo Español (cuyo ejemplo si podríamos seguir) en esta materia y al padecer de los males señalados arriba, carecerá de efectividad y legitimidad.

La creación del CES, según dijo el Presidente Funes, “tiene por objetivo estratégico contribuir a la construcción de políticas de Estado, que le den continuidad y predictibilidad a la gestión publica”. Muy loable misión debió considerar que para que este instrumento tenga legitimidad y efectividad se debió hacer una consulta amplia, abierta, incluyente sobre la estructura, atribuciones y papel que debe jugar. Lo único que se negoció con algunos sectores fue el número de sillas. Si se habla de un órgano para consultar sobre políticas de estado, los partidos políticos, aunque no participen en el órgano, debieron haber sido invitados de participar en el diseño e implementación del mismo para darle su aval. De otra manera, surge con defectos de nacimiento.

A pesar de que los miembros del CES español son nombrados por el gobierno, todos excepto el Presidente, son designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, pero en proporción a su representatividad. Adicionalmente, incorpora representantes del sector agropecuario, pesquero, asociaciones de consumidores y cooperativas e intelectuales de reconocida trayectoria y prestigio en el ámbito socioeconómico y laboral.

Además de que el CES creado por Funes no cuenta con este tipo de representatividad, este, “es consultivo, deliberante, pero no es vinculante, eso significa que [el] no [necesita] un acuerdo del CES para echar andar una determinada política pública” según lo detalló el mismo. Durante el proceso de invitación a los miembros, el Secretario de la Presidencia fue muy claro en decir que la agenda la pondrá el gobierno y no se requiere consenso. Es una nueva forma de gobernar: Consulto o medio consulto cuándo y cuánto me interese y luego digo “ya se consultó con el Consejo”.

Caso muy diferente, el CES de España, que no incorpora a miembros del gobierno, lo que le permite mantener objetividad e independencia, emite dictámenes sobre los anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales. Las opiniones emitidas por el CES Español tienen peso y valor político.

Adicionalmente el CES español debe elaborar una Memoria anual en la que se expongan sus observaciones y opinión sobre la situación socioeconómica y laboral. Puede también elaborar estudios e informes por iniciativa propia, en los que se critican o cuestionan las políticas del gobierno y por transparencia, las sesiones plenarias del Consejo son públicas.

Con todo el respeto que se merecen las personas que identifiqué en las fotos de su lanzamiento, el CES, que aunque puede ser bien intencionado, no tiene posibilidad de desarrollarse y convertirse en un agente de construcción de políticas de estado, ya que fue mal concebido. El CES recién creado no tiene representatividad, carece de legitimidad, no cuenta con la estructura ni capacidad técnica para evaluar ni emitir dictámenes sobre proyectos de ley o políticas públicas, ningún partido político lo ha avalado, y esto no se arregla con el hecho de que muchas respetables personas y entidades participen en él.