Esto se refiere al sistema de instituciones, leyes, costumbres, y capacidad y honestidad de funcionarios públicos que permiten que “las reglas de juego en la sociedad” sean entendidas y practicadas por todos. Las sanciones para quienes violen esas reglas y elementos tan sencillos como el uso de semáforos para controlar el tráfico son parte de la “tecnología social”; un sistema para que “la sociedad funcione bien”.

Las leyes son una forma concreta de transmitir lo que “es correcto” en el ámbito de las relaciones sociales y comerciales y de colocar límites a la actuación de los ciudadanos, de tal forma que se respeten los derechos y se permita la actuación siempre que esta no reste o afecte la libertad o bienestar de otro. Los alcaldes son parte del sistema “para que un país funcione”.

Cuando el Estado viola los derechos de los ciudadanos y hace caso omiso de la “tecnología social”; se suspenden las inversiones, se genera menos empleo, se incrementa el costo de vida, y se genera malestar social, reduciendo la calidad de vida de todos. Cuando el ciudadano pierde confianza en las instituciones y los gobernantes, le restamos energía al motor de desarrollo del país. El Estado entonces debe dar el ejemplo para que la sociedad funcione y progrese.

La energía eléctrica a costo competitivo para las empresas y a costo accesible para los ciudadanos es reconocido prerrequisito para que un país sea productivo y se desarrolle. Los racionamientos de energía en Nicaragua, bajo el gobierno de Ortega, son un gran obstáculo para el desarrollo.

Por lo anterior me parece inconcebible que un candidato a alcalde de La Unión haga alardes de bloquear la instalación de plantas eléctricas en su municipio. La empresa AES desea instalar una planta eléctrica, que cumple con los requisitos ambientales internacionales, y que vendría a inyectar una gran cantidad de energía de bajo costo (a menos de la mitad del precio actual de energía) a nuestro país, contribuyendo a controlar o bajar los precios de energía y a darnos certeza de suministro a futuro. Qué “macho” el que se opone al desarrollo a costa de violar el estado de derecho y a encarecer el costo de vida.

Señores alcaldes y candidatos, el que gobierna también debe respetar las leyes y deben recordar que “a nadie se le puede prohibir lo que la ley no prohíbe”. Los partidos políticos deben asegurar el apropiado nombramiento de candidatos a alcaldes y diputados de tal forma que se contribuya a la construcción de un mejor El Salvador, y en caso de llegar a gobernar, deben velar por el respeto a los contratos y el pleno estado de derecho, factores imprescindibles para continuar en nuestro camino al desarrollo. Necesitamos alcaldes con sentido común, que conozcan y respeten nuestras leyes, y que con sus actos contribuyan a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, en lugar de dar el mal ejemplo de ser los primeros en irrespetar las leyes.