Ninguna institución publica puede ni debe llevar acabo el papel de otra pues no tiene el asidero legal correspondiente, no cuentan con la información completa ni la memoria institucional para comprender, debidamente, las complejidades de cada sector económico o de la vida nacional. Un ente que invade el terreno ajeno no cuenta con el recurso humano idóneo, ya que al tener diferentes retos y fines, generalmente la formación académica y experiencia técnica de sus miembros es también distinta. Adicionalmente, las diversas instituciones tienen diferentes presiones sociales y políticas que respetar, y diferentes instrumentos legales y de monitoreo, para lograr sus fines respectivos.

Es por las anteriores razones lógicas y técnicas que los diputados de la Asamblea Legislativa no deben inmiscuirse en temas para los que no tienen ni la capacidad, ni la idoneidad, como es el caso de la determinación del cargo fijo de cuota básica y otros cargos de telefonía. De similar manera, tampoco deben inmiscuirse en la determinación de precios de otros productos o servicios para no restringir la libertad económica y empresarial. Cuando algún sector de la vida económica tenga las características que le propicien o faciliten comportamientos monopólicos o actuaciones en contra del interés social, puede entonces ser sujeto de una ley especial como es el caso de la telefonía y del sector eléctrico. Es la SIGET para estos sectores el ente idóneo, diseñado y creado por ley, para que regule sus actividades. Solo en la SIGET se cuenta con la información, capacidad técnica, y entendimiento a profundidad de estos sectores para evitar que los operadores privados le puedan dar “garabato”, contarles solo parte de la historia o decirles medias verdades, o al menos que no se las traguen. Sin implicar que este ha sido el caso, los operadores privados pueden fácilmente engatusar, engañar y confundir a los diputados ya que estos difícilmente podrán entender todas las interrelaciones económicas y complejidades características de estos sectores. Necesitan el concurso de la autoridad competente y entrenada para regular a estos sectores. Por supuesto que también se pueden equivocar la SIGET pero eso no les da derecho ni sustento moral a los diputados para meterse en temas donde muy probablemente se van a equivocar.

Si los diputados estiman o creen que hay sectores que no tiene un comportamiento competitivo, que los precios son muy altos, y creen que el sector debe ser “regulado”, lo recomendable es que inviten a la institución idónea para investigar los mercados, la Superintendencia de Competencia, para que esta lleve a cabo la investigación técnica correspondiente y determine si hay en realidad un justificación para intervenir en el mercado, si existen practicas nocivas para los consumidores y en detrimento de la competitividad del país que deben ser eliminadas. La Superintendencia de Competencia podrá determinar que un mercado no esta funcionando adecuadamente, indicando cuales son las fallas de mercado que deben corregirse para lograr el objetivo que persigue un sistema de libre mercado, un ambiente económico en el que todos compiten en un campo de juego nivelado y adonde todos los actores, incluyendo los consumidores, pueden jugar a ganar.

Es frecuente en mercados pequeños como el nuestro, que la falla de mercado se dé porque no hay economías de escala, porque hay actores que tienen mas información que otros y toman ventaja de ello, o porque se dan prácticas, que aunque no sean ilegales, no sean éticas, y que distorsionan el comportamiento del mercado con el resultado de que los consumidores paguen más de la cuenta, es decir, más de lo que pagarían en un mercado adonde todos están bien informados y se juega limpio. Si estos son los problemas, entonces estos se deben resolver.

Excepto para los casos de sectores regulados, el estado no hace bien la tarea de regular precios, y cuando se mete en esas aguas ya sea porque la autoridad competente es deficiente o porque es bonancible políticamente a corto plazo, comete el grave error del populismo. Intenta resolver los problemas pero termina queriendo agarrar al toro por la cola en lugar de por los cuernos, o pone la carreta delante de los bueyes, y los problemas quedan sin resolverse, y generalmente se empeoran. Cuando se cree que un mercado no está funcionando, los tres caminos preferibles son: Se le exige al ente regulador correspondiente que actúe con propiedad y firmeza o se le da mayores facultades para lograrlo; se le pide a la Superintendencia de Competencia que investigue y recomiende medidas atenuantes que resuelvan las fallas o sancione a los infractores para que cesen los actos de abuso, o se deja en paz al sector para que el mercado funcione, como generalmente lo sabe hacer sin la mano excesiva del estado.