Este tratado, que es Ley de la República, garantiza la libre circulación de bienes y servicios en la región y busca la eliminación de obstáculos al comercio. En el fondo el tratado busca que los políticos de turno no actúen irracionalmente, cambian las reglas de juego, ni reaccionando con el hígado ante realidades internacionales. Se busca evitar abusos como las medidas de hecho que impuso el gobierno de Mauricio Funes.

CAFTA-DR obliga a El Salvador a darle a Honduras trato de Nación Más Favorecida, es decir el mejor trato que se le dé a cualquier socio comercial. Así mismo, debe darle Trato Nacional a los productos y servicios provenientes de Honduras. Esto implica que esta prohibido por ley que a los productos hondureños se les imponga alguna restricción que no aplique a los productos salvadoreños.

El Salvador, a través del Presidente Funes y los ministros quienes emitieron los acuerdos e instructivos que bloquearon el tránsito de mercancías violaron el Artículo 12 del Capítulo primero del CAFTA-DR que señala como uno de los principales objetivos del tratado “eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las partes”.

A pesar de que existe en el acuerdo comercial un Capítulo de Excepciones que faculta a las Partes a tomar medidas por razones de Seguridad Esencial - mantenimiento o restauración de la paz, o por seguridad internacional - esto no aplica en lo absoluto en el caso referido y por lo tanto no puede ser invocada una excepción que pueda salvar la disposición al libre comercio que los países firmantes adquirieron.

Es decir, El Salvador, al no enfrentar, por los desarrollos políticos en Honduras, ninguna amenaza a su seguridad, no puede hacer alusión a una “excepción” y no tiene ninguna justificación técnica ni legal para imponer lo que en efecto es una sanción ilegal a las empresas exportadoras o importadoras de productos hacia o desde ese país, causándole perjuicio económico a miles de actores económicos en nuestro país y en Honduras.

Peor aún, la medida afecta el bolsillo de miles de ciudadanos que votaron “por el cambio”. Esto además genera pérdida de confianza como resultado de la flagrante violación al estado de derecho por parte de las autoridades del gobierno central.

En el preciso momento en el que se confirma que en EE.UU. la recesión ha causado la pérdida de 6.5 millones de empleos y cuando debemos de estar buscando mecanismos para reactivar nuestra economía, nuestro gobierno, actuando en la dirección contraria, está generando incertidumbre y está restándoleLC credibilidad a las palabras emitidas por el entonces candidato a Presidente, Mauricio Funes, cuando decía “se respetara el estado de derecho”.

Podemos interpretar al observar los hechos, que el ministro de Economía no conoce el texto de CAFTA-DR, a pesar de haberlo criticado ampliamente en su momento, no lo puede interpretar, o sencillamente no tiene el peso específico en el Gabinete para imponer el orden económico y evitar que su Presidente y su gobierno violen la ley, públicamente y sin pudor alguno. Además de no percatarse de las consecuencias legales, ya que quienes impusieron las barreras al comercio son sujetos de una demanda contenciosa, el gobierno central actuó sin considerar como afectarían a la población, generando escasez de productos en los mercados, incrementando el costo de algunos bienes esenciales, causando desempleo por desabastecimiento de materias primas, y trastornos comerciales a muchas empresas.

Hablar y criticar es barato, pero actuar afuera de la ley es costoso, particularmente desde el Ejecutivo. Si el Gobierno de Mauricio Funes pedirá a los ciudadanos que respetemos la ley, es oportuno que prediquen con el ejemplo.