Una es que el cargar con mayores impuestos a la ciudadanía en medio de una crisis es una pésima idea. La otra es que la manera en la que se ha manejado el tema y se han diseñado algunos de los impuestos han maximizado los costos de la reforma sin aumentar los beneficios que el gobierno y el país podría derivar de una reforma bien diseñada.

El gobierno está maximizando estos costos de varias maneras, maximizando el costo político para sí mismo.

Primero, los voceros del gobierno están usando un lenguaje innecesariamente agresivo contra los inversionistas, a los que por otro lado está tratando de convencer de que inviertan. Por ejemplo, confrontados con el evidente razonamiento que el imponer el IVA a las propinas perjudicaría a los trabajadores de servicios hoteleros y de restaurantes, los voceros han contestado que no, que lo que quiere el gobierno es castigar fiscalmente a los dueños de estos establecimientos, procediendo a hablar agresivamente en contra de los empresarios.

Entonces, ¿es que el gobierno piensa que es bueno castigar al empresario? ¿Y así quiere estimular la inversión, que es esencial para que la economía se recupere, se elimine el déficit fiscal y se incremente el empleo? Si el gobierno sigue poniendo al sector privado como el malo de la película, la economía se va a deprimir más y el gobierno va a fracasar en sus intentos de sacar al país de la crisis en la que se encuentra, y no va a colectar más impuestos de una economía colapsada.

Segundo, los voceros manifiestan una prepotencia sin precedentes y se enojan ante las críticas. Todo el mundo sabe que escuchar es clave para tener un gobierno exitoso, y que la prepotencia fácilmente lleva a la arbitrariedad y el fracaso. No es bueno para ningún gobierno que parezca que sus funcionarios no entiendan que lo cortés no quita lo valiente.

Tercero, la reforma maximiza el conflicto político abriendo batallas políticas que aun si se ganan no lograrán beneficios fiscales sustanciales. El ejemplo más claro de esto es la ya mencionada idea de ponerle impuestos a las propinas.

Es claro que este impuesto recolectaría muy poco pero que causaría un costo enorme para fiscalizarlo. Políticamente la situación es peor. ¿Cuanta gente se está echando en contra de la reforma para ganar unos cuantos centavos en recaudación? Es una tontería en términos económicos y políticos.

Cuarto, la reforma podría contener impuestos que pueden generar más recursos a menores costos políticos y económicos. Un ejemplo clarísimo de esto es el planeado impuesto a los rendimientos de las cuentas de ahorro de las personas naturales.

El costo económico y político de poner este impuesto es horrendo. No importa que exista en otros países. En nuestro país se toma como un ataque a la generación de ahorro y la inversión por medio de un impuesto diseñado por gente que en el pasado se llenó la boca denunciando que no había incentivos para el ahorro en el país.

También, el cobro de este impuesto requiere que los depositantes entreguen al gobierno los datos de sus depósitos en el país y en el extranjero.

La gente mira esto como la creación de riesgos de filtración de dicha información a gente que puede usarla para extorsión y secuestros, en un ambiente en el que existen muchos secuestros y extorsiones, y en el que el gobierno no tiene la más mínima credibilidad para evitar que los haya. Esto frenará aún más la inversión, matando la posibilidad de lograr una recuperación económica.

Por estas y otras razones, este impuesto está mal diseñado para este país. Sería una mala copia. Si el gobierno quisiera poner un impuesto al sector financiero, es más barato y más eficiente ponérselo a las transacciones bancarias-es decir, a los pagos realizados a través de los bancos.

Si se pone con una tasa moderada, cobrada sobre todas las transacciones (no sólo las de las personas naturales sino también sobre las de las empresas), puede generar mucho más ingresos que el impuesto a los rendimientos de las cuentas de ahorros y hacerlo con costos mucho más bajos de recaudación (una computadora puede controlar en tiempo real todos los impuestos imputados) y sin causar costos al sector privado más allá del impuesto pagado (es decir, los contribuyentes no tienen que llenar formularios, presentarlos, pagar a contadores para llevar el control, etc.). Simple y fácil. Políticamente indoloro.

Pero quizás pedir simplicidad y facilidad política es demasiado en este momento, en el que pareciera que lo que se quiere hacer no es cobrar impuestos más eficientemente sino complicarlo todo, causando costos inútiles al sector privado y maximizando el conflicto con la sociedad entera.

Si estos no son los objetivos, el gabinete económico haría bien en olvidar un poco la recién adquirida prepotencia y escuchar las sugerencias del sector privado.