Con una de ellas, magnificó dicho impacto; con la otra, anunció que trataría de disminuirlo.
La primera decisión fue el nombramiento de sus ministros y otros funcionarios clave. Al hacerlo, él dividió a su gabinete en dos grupos: el económico, en el que nombró personas generalmente moderadas; y el territorial (es decir, que controlan el territorio del país en seguridad, salud, educación y otros temas), en el que nombró personas que son servidores incondicionales del Partido Comunista. Aunque en el corto plazo los funcionarios económicos son los que parecieran tener el control del gobierno, el Partido Comunista se ha posicionado para estar en control del gobierno en menos de un año a través de las piezas de ajedrez que ha introducido en los puestos territoriales.

Esto lo puede lograr penetrando y erosionando las instituciones a lo largo y ancho del territorio nacional-demandando servidumbre ideológica de maestros, policías, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, etc., y utilizando los canales institucionales para indoctrinar a los jóvenes y otros ciudadanos en contacto con las redes gubernamentales.

Con este objetivo logrado, deshacerse del gabinete económico después será muy fácil, especialmente porque la desconfianza generada por estos nombramientos en los empresarios y los consumidores salvadoreños es tal que ha resultado en el derrumbamiento de muchas iniciativas de inversión-con lo que la crisis, en vez de aliviarse, se va a volver peor. Es decir, el mismo nombramiento del gabinete territorial asegura que el Partido Comunista, al caer la inversión aún más, pueda acusar a los funcionarios económicos de estar manejando mal la economía y luego demandar que este manejo se le pase al Partido también.

La segunda medida fue anunciar el plan anticrisis, un anuncio que fue un anticlimax porque cualquier cantidad que el gobierno pueda invertir no basta para compensar la caída de la actividad económica producida por el nombramiento de su gabinete. El efecto de este nombramiento es mucho más fuerte que cualquier plan anticrisis, de tal forma que en el balance la economía va a salir mucho peor.

Fundamentalmente, la crisis económica del país es una crisis de confianza, y con su gabinete, el Presidente Funes ha demolido la confianza que el pueblo había comenzado a tener en que él iba a cumplir sus promesas de campaña de ser un presidente moderado. El efecto es devastador. Es como con una mano poner juntos unos cuantos ladrillos en el jardín de una casa para pretender que se está trabajando en reforzar su estructura mientras con la otra mano se destruye la casa entera. Es acelerar una crisis y luego poner en práctica planes anticrisis que no pueden compensar ni la décima parte de la destrucción generada por dicha aceleración.

Es importante notar que la decepción por el nombramiento del gabinete no es algo limitado a los empresarios grandes. Es una traición a la confianza del electorado salvadoreño, incluyendo empresarios de todos los tamaños, trabajadores, amas de casa y ciudadanos en general que votaron por el presidente Funes porque le creyeron que iba a ser el representante del “Cambio Seguro”. Él les prometió darles trabajo y aliviarles sus problemas económicos y de seguridad dentro de un ambiente democrático.

Lo que ha hecho es tomar medidas que van a destruir trabajos por falta de inversión de la grande, mediana y pequeña empresa, y que al mismo tiempo ponen en peligro la institucionalidad democrática del país. Es imposible saber en este momento si la contradicción se debe a que el presidente no midió las consecuencias económicas de actos políticos o a que, habiéndolas medido, dio o tuvo que dar más importancia a dichos actos políticos que al destino económico del país. Pero el efecto es el mismo. Sus acciones lo pusieron en la trayectoria en la que lo querían poner los dirigentes del Partido Comunista.

La semana pasada la empresa Fitch de calificación de riesgos anunció que le había bajado la calificación a la deuda del país-es decir, opinó que dicha deuda es menos segura para los inversionistas que lo que había sido por muchos años. En una parte de su comunicado Fitch dijo que el optimismo sobre los prospectos de crecimiento del país se ha pospuesto debido a la incertidumbre política y económica. Fitch está reflejando en su reporte lo que la sociedad salvadoreña siente-que el gobierno está en manos de personas y fuerzas que quieren destruir económica y políticamente las libertades del país. Si alguien quiere destruir la economía de El Salvador, no hay nada que sea más eficaz para lograrlo que generar este ambiente de desazón. Si el presidente no está consciente de eso, sería bueno que meditara sobre el punto.