Esto es lo que ha causado tantas hiperinflaciones y, en el fondo, es la razón fundamental detrás de la crisis mundial que estamos viviendo. La madurez viene a los niños y a los políticos cuando se dan cuenta de que hay que vivir dentro de los recursos de los que se dispone. Este descubrimiento es la base fundamental de la economía, que se define como la ciencia que estudia la asignación racional de recursos que siempre son escasos para llenar necesidades que siempre son infinitas.

La buena administración consiste en hacer lo máximo con los recursos disponibles-entendiendo por hacer lo máximo el atender lo mejor posible la combinación de necesidades prioritarias de la población. Esto, por supuesto, requiere priorizar las necesidades del país. Todos sabemos que el país está pasando ahora por una crisis mundial que restringe la capacidad de acción del presidente Funes, que tendrá que ajustar sus programas a lo que esté disponible. Afortunadamente, es claro que el presidente electo entiende muy bien las restricciones que las matemáticas imponen sobre los gastos. Es importante que todos los salvadoreños también lo entendamos y no exijamos cosas que no son posibles, creando un problema donde no es necesario que lo haya. Ya tenemos suficientes.

Una segunda cosa que es necesario que entendamos es que la creación de empleos, tan necesaria en una crisis como la actual, no se da en el vacío. Hay necesidad de invertir en bienes de capital para hacerlo. En El Salvador tenemos un enorme bien de capital-el puerto de la Unión-que está listo y desaprovechado en su potencial para generar empleo en el puerto mismo y en toda la zona industrial y de servicios que puede generarse una vez que el puerto esté en funcionamiento. Cada día que se pierde en decidir sobre el manejo del puerto es un día perdido en la creación de empleos que son tan necesarios. Hay que tomar una decisión sobre esto y hay que tomarla bien porque si se toma mal el puerto, lejos de crear empleos y crecimiento, va a convertirse en un peso muerto sobre la economía salvadoreña.

El FMLN ha tomado una posición-afortunadamente calificada de inicial-en la que dice que el gobierno tiene que tener una participación del 51 por ciento en la empresa que maneje el puerto. La ventaja principal de esto es que daría un 51 por ciento de las utilidades del puerto al Estado (no daría mayor control al Estado de las decisiones soberanas sobre el puerto ya que éste puede lograrse con el marco regulatorio). Contra esta ventaja es necesario sopesar varias desventajas, una de ellas ligada al tema que nos ocupa-la dureza de los números. Esta desventaja es que el poner el puerto en funcionamiento requiere enormes inversiones de capital, en el orden de cientos de millones de dólares, que el gobierno tendría que poner en un 51 por ciento si es que va a ser el dueño de este porcentaje de las acciones. Esto quiere decir que el gobierno de Mauricio Funes tendría que olvidarse de muchos proyectos para que el Estado reciba, en el futuro lejano (inversiones tan grandes como esta tardan mucho en generar ganancias), un 51 por ciento de las utilidades. Es decir, en vez de escuelas y hospitales y otras obras sociales, un puerto. La alternativa, dar el puerto en concesión, le permitiría al gobierno tener escuelas, hospitales y otras obras sociales más el puerto, porque el capital necesario para que el puerto funcione lo podría el concesionario.

Desde afuera, uno supone que el FMLN no quiere ponerle más restricciones al presidente Funes para que no pueda llevar adelante sus programas sociales y de inversión pública. Eso no debería de convenirle al partido, como no le conviene al pueblo salvadoreño en general. Si el FMLN no quiere poner estas restricciones, no debería de tomar posiciones que, como la del puerto, no pueden justificarse racionalmente sino sólo como posturas ideológicas.