El primer tema es un problema técnico que debe ser resuelto entre constitucionalistas. En este artículo me concentro en el otro tema y en uno que es aún más importante aunque poco se ha mencionado: el problema de asegurar la representatividad de los funcionarios electos en el país.

La discusión de la captura de las instituciones democráticas por grupos criminales o foráneos está mal enfocada al concentrarse en las candidaturas independientes. La idea es que sería fácil para estos grupos lanzar candidatos independientes, financiándoles la campaña como medio para controlarlos una vez electos. Pero el forzar a que todos los candidatos pertenezcan a un partido político no resuelve este problema, ya que grupos con mucho efectivo pueden comprar no sólo candidatos individuales sino partidos enteros. El problema reside no en que los candidatos son dependientes o independientes sino en que grupos o personas, cualesquiera grupos o personas, pueden financiar sin control los procesos políticos del país.

De hecho, sería más fácil para los grupos indeseables hacer una sola negociación, comprando un partido entero, que hacer muchas negociaciones individuales con cada candidato. Esto más, los grupos podrían comprar no candidatos - que presentan el riesgo de no ser electos - sino diputados y alcaldes ya en funciones, llamándolos independientes o incluso formando un partido nuevo con los tránsfugas. Estas posibilidades no sonarán nuevas a los lectores que hayan observado lo que ha pasado en nuestra Asamblea Legislativa en el último año. No tiene sentido pensar que sólo pueden pasar si hay candidatos independientes - ya pasaron, con partidos enteros.

Está claro, pues, que la solución a este problema no está en prohibir las candidaturas independientes sino en regular estrictamente dos aspectos de los partidos políticos y los grupos que apoyen a las candidaturas independientes. El primero es el financiamiento de las elecciones y los partidos o grupos que participen en ellas, exigiendo transparencia total con respecto a la fuente de los fondos y estableciendo una cantidad máxima que puede recibirse de un donante y sus asociados. Este límite es esencial porque las cantidades grandes son las que dan pie al control de las instituciones por grupos con enormes cantidades de efectivo.

El segundo proceso a controlar es el que da legitimidad a los que controlan los partidos políticos. Es el más importante de todos. Dicha legitimidad debe ser establecida porque la cadena que transmite la soberanía del pueblo a sus representantes pasa a través de los partidos. Hasta este momento, los partidos políticos interrumpen la cadena porque sus jerarcas, que no son electos por el pueblo, escogen a los candidatos y, por tanto, definen las opciones de personas y programas que tiene el pueblo cuando va a las elecciones.

Es claro que la democracia no existe plenamente cuando el pueblo no puede definir libremente hacia donde quiere ir sino que tiene que escoger entre las opciones que le ofrecen los jerarcas de partidos políticos en los que no tiene ninguna influencia.

De esta manera, la cadena de la representatividad - que supuestamente va del pueblo a los partidos políticos, y de éstos a la Asamblea Legislativa y a otros puestos de elección - queda rota. Fácilmente el pueblo puede verse forzado a elegir entre dos opciones que no le gustan pero que son convenientes para los grupos que controlan los partidos. Estos grupos pueden vender por ventajas personales a los electores de su partido, sin que éstos puedan hacer nada para impedirlo. Esto no es una especulación. Ha pasado recientemente. Es por eso que estamos como estamos.

El principal mecanismo que las democracias desarrolladas tienen para mantener unida la cadena de la representatividad pasa por quitarles a los jerarcas políticos la posibilidad de manipular las opciones que se presentan a los ciudadanos. Esto lo hacen a través de las elecciones primarias - elecciones para escoger a los candidatos de cada partido, que son reguladas y supervisadas por las autoridades electorales del país. De esta manera, los que escogen a los candidatos, y por tanto las ofertas que cada partido hará a los electores, no son los jerarcas del partido sino los ciudadanos mismos.

Esto reduce la importancia de la jerarquía de cada partido. De todos modos, es esencial también regular y supervisar los procesos por los cuales cada partido elige a sus propios jerarcas porque aún sin elegir a los candidatos ellos tienen una enorme influencia en la vida nacional. En este momento la ley no tiene ninguna manera de evitar que grupos legales, ilegales, ilegítimos o anti-democráticos se enquisten en los partidos políticos y los controlen para perseguir sus propios objetivos personales. La ley debe hacer posible que el pueblo los remueva.

Estas cosas hay que hacerlas independientemente de si se permiten o no las candidaturas independientes. El principio que debe primar es que si la Constitución da a los partidos políticos un papel en la representatividad de la democracia salvadoreña, ellos deben ser realmente representativos. No pueden ser instrumentos para que grupos pequeños, de la naturaleza que sean, y por supuesto menos si además son criminales o extranjeros, controlen las opciones que se presenten al electorado. Sólo así tendremos una verdadera democracia.