El papel del Estado en el Puerto La Unión
Lunes 1 de diciembre de 2008
Imagine, estimado lector, que usted maneja las finanzas del Estado y que su tarea es financiar las obras y actividades que son necesarias para convertir el puerto de La Unión en un polo de desarrollo y de empleos.
Ciertamente, usted ya ha comprendido que éste, no surtir a los almacenes de San Miguel, es el objetivo del puerto y por tanto entiende que convertirlo en un éxito va mucho más allá que definir si el gobierno o una empresa especializada va a manejar el muelle, las grúas y el cafetín.
Usted ha entendido que lo importante es asegurar que se genere un tráfico marítimo que vaya mucho más allá de las necesidades del país, lo cual se puede lograr con varias acciones complementarias: construir un canal seco interoceánico con el otro extremo en Puerto Cortés, Honduras; convertir a La Unión en un centro logístico en el que se abran los contenedores y se reempaquen las mercaderías para su distribución dentro y fuera del país; convertir a La Unión y la región oriental en un centro industrial y puerta de entrada turística para el país.
Para darse una idea de lo que representan los servicios logísticos exclusivamente usted ha anotado unas cifras: sólo el 40 por ciento de la mercadería que desembarca en el Puerto de Montevideo es para Uruguay; el restante 60 por ciento se reexporta, habiéndole agregado valor por actividades logísticas igual a 1,250 millones de dólares. Usted ha apuntado también que se crea un puesto de trabajo por cada 9 contenedores a los que se les haga servicio logístico.
En Montevideo, esto representa 27,000 puestos. Usted se da cuenta de que cada uno de estos trabajadores necesita vivienda, comida, vestuario, etc., y que esto genera más empleo y desarrollo económico. Es decir, usted ha entendido lo que la expresión "polo de desarrollo" significa.
Hasta ahora sólo le han hablado de cual debe ser la participación del gobierno en la empresa que manejaría el puerto, arguyéndole que mientras más mejor porque le quedará más al gobierno por cada buque que atraque. Ahora usted se entera de que sólo en instalaciones físicas y organización hay que invertir 700 millones de dólares, de tal forma que si el estado tiene el 50 por ciento debe poner 350 millones. Usted piensa en todos los hospitales y escuelas que podrían equiparse con esto.
Pero además le dicen que además hay varias acciones imprescindibles que el estado debe tomar para que el puerto pueda funcionar y que estas cuestan mucho dinero.
Estas incluyen el desarrollo de la ciudad puerto con el objetivo de asegurar los servicios a la actividad portuaria, lo que implica sanear ambientalmente el área, electrificarla, renovar y expandir las red de aguas, alcantarillados y caminos, desarrollar el frente de playa, mejorar el centro urbano y crear las condiciones para el desarrollo de parques industriales y logísticos.
Debe asegurarse la educación y la salud de la mano de obra y de la población del área en general. Usted ya va contando cientos de millones cuando le dicen que además hay que integrar el puerto con el resto del país, la región y el mundo, lo que incluye terminar de construir el canal seco, mejorar otra vías y construir uno o dos aeropuertos en la región; y finalmente le dicen que tiene que invertir al menos 150 millones de dólares para desarrollar y equipar la Marina Nacional para darle seguridad al tráfico marítimo aproximándose y dejando el puerto, una tarea esencial en estos tiempos de terrorismo, narcotráfico y piratería. El total es más de 1,000 millones.
Usted se da cuenta inmediatamente de que para financiar todo debe dedicar los recursos del estado a lo que nadie más puede hacer: educación, salud, saneamiento, infraestructura básica, creación del casco urbano, etc., y dejar al sector privado las inversiones que éste puede desarrollar mejor darle tráfico al puerto, atraer industrias y empresas logísticas que den valor agregado al puerto, invertir en la infraestructura que falta, etc.
Esto es lo que hacen los operadores portuarios globales, compañías que tienen intereses en terminales de contenedores en más de una región geográfica (una condición que por supuesto CEPA no puede cumplir en el futuro previsible). Estas empresas representaban en 2006 el 58 por ciento de la capacidad portuaria mundial y el 61.4 por ciento de su movimiento.
Si usted no es populista o esclavo de alguna ideología de los años sesenta, usted concluirá que no alcanza para todo y que lo mejor para el país es que el gobierno invierta en lo que nadie más hará y que deje invertir a uno de los operadores globales en lo que éstos son mucho más eficientes.
Esto es lo que recomendó entre muchos otros Ricardo Sánchez, un experto que visitó recientemente el país por cuenta de la CEPAL. Es lo lógico si lo que se quiere no es generar un grandilocuente populismo o excusar una grave ignorancia de lo que es un puerto moderno.