Pero la discusión de las reformas a esas leyes debe evitar dos errores que conducirían al gobierno y a los legisladores a tomar decisiones equivocadas. El primer error es pensar que los únicos o principales intereses que deben tenerse en cuenta son los de las empresas que producen o distribuyen los artículos a los que la legislación vigente ha gravado con impuestos específicos de los cuales deriva el financiamiento del Fosalud. El segundo error sería dejar a un lado las consideraciones sociales y adoptar la fórmula impositiva que genere mayores ingresos al Estado.

No hay que perder de vista que los impuestos a los cigarrillos, armas de fuego, bebidas alcohólicas y materia prima de productos pirotécnicos no son realmente impuestos a las empresas que producen o comercializan dichos productos. Son impuestos que pagamos los consumidores de los mismos. Las empresas simplemente los colectan y los pasan a las arcas del Estado. La lógica de los impuestos específicos es imponer a los consumidores de productos que son o pueden ser nocivos la obligación de compensar siquiera parcialmente los gastos en que incurre el Estado al hacerse cargo de los daños que ocasiona el consumo irresponsable de esos productos.

Lo dicho en el párrafo anterior es importante, ya que en el pasado los impuestos se han establecido otorgando una desproporcionada consideración al criterio de cuál empresa será favorecida y cuál será perjudicada. Cuando se hacen así las cosas, se abren las puertas para que prevalezca el interés de los que tienen mayor capacidad de cabildeo y no los intereses de la sociedad.

Ese sesgo se hace patente en la legislación vigente, que establece impuestos a las bebidas alcohólicas en función del volumen y no del contenido alcohólico de las mismas. También se haría patente si la nueva legislación establece un impuesto basado total o parcialmente en el valor de dichas bebidas. Esos criterios han sido descartados en los países que tienen enfoques tributarios más avanzados y cuyos gobiernos son menos vulnerables a las presiones de las empresas que producen o venden las bebidas con mayor contenido alcohólico.

Las bebidas alcohólicas no son necesariamente nocivas a la salud de las personas. Lo que es dañino a la salud individual y a la seguridad social es el consumo excesivo de alcohol. Si, por decir algo, una botella de guaro tiene la misma cantidad de alcohol que cinco cervezas, el ciudadano que se empina esa pacha debería pagar en impuestos la misma cantidad que paga en total el que se sopla las cinco cervezas. El impuesto específico a las bebidas alcohólicas debe ser un disuasivo, no un aliciente al consumo de alcohol.

El FMLN se vería muy mal si promueve un esquema impositivo que solo busque llevar más plata a las arcas del Estado y se olvida de los muchos daños individuales, familiares y sociales que ocasiona el consumo excesivo de alcohol.

Pero las reformas al marco jurídico que atañe al Fosalud no deben apuntar únicamente a las bebidas alcohólicas. Creo que el consumo de tabaco aguanta una carga impositiva mucho mayor, como la tiene en los países más avanzados. Soy fumador, pero reconozco las consecuencias negativas del tabaco y, en la lógica de los impuestos específicos, no tendría una buena razón para oponerme a un incremento de ese impuesto.

La nueva legislación debe modificar además la forma cómo se calcula la parte que va para el Fosalud de todo lo que el Estado racauda en concepto de impuesto al consumo o uso de productos nocivos o peligrosos. De esos mismos impuestos debe asignarse una cantidad fija, la que necesita el Fosalud para operar, y no únicamente la diferencia entre la recaudación de un año y la del siguiente.

En lo que concierne al Fosalud, el gobierno entrante tiene una de sus primeras pruebas para demostrar que el cambio no es solo un eslogan, sino una visión diferente, una política que pone el interés general sobre los intereses particulares.