Seguimos alimentando una cultura política presidencialista que impide el fortalecimiento del sistema democrático. Hay mucho pensamiento mágico en las promesas de los candidatos presidenciales y en lo que la gente espera del Presidente de la República.

Hay muy poco conocimiento de la amplia gama de importantes atribuciones que les corresponden al órgano legislativo y al órgano judicial.

A la Asamblea Legislativa le corresponde crear y enmendar el marco jurídico que regula toda la acción económica, política y social. Ese mismo marco expande o limita las posibilidades de acción del Órgano Ejecutivo y de todas las instituciones del Estado. Es la Asamblea, no el Presidente, la que marca la cancha y la que pone las reglas de juego.

La Asamblea Legislativa tiene la última palabra sobre lo que el Presidente puede gastar en cada una de las cosas que se propone realizar, así como en lo concerniente a la contribución que debemos hacer los ciudadanos y las empresas al erario público.

La Asamblea Legislativa decide cuáles herramientas puede usar y cuáles no puede usar el sistema de justicia penal en el combate contra la criminalidad. Ese mismo órgano del Estado es el que determina las obligaciones y los incentivos para promover la actividad económica, y los mecanismos para distribuir la riqueza que dicha actividad genera.

La Asamblea Legislativa elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, al Fiscal General de la República, al presidente de la Corte de Cuentas y al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Pero además de concentrar un poder determinante en los aspectos más cruciales de la vida nacional, la Asamblea Legislativa es el órgano más obligado a reflejar y defender los principios en los que se asienta el sistema democrático. Por algo se le llama el primer órgano del Estado.

Lamentablemente, ese primer órgano del Estado, ese pilar de la democracia es una de las instituciones más desprestigiadas en nuestro país. Los partidos suelen tratarla como si fuera la Cenicienta del cuento de hadas, o peor aún, como una prostituta que dispensa favores al que tenga dinero o poder para pagarlos.

Si revisamos la cobertura periodística de los últimos seis meses, podremos constatar que los partidos políticos han estado obsesionados con la elección presidencial y han dedicado, si acaso, un tiempo marginal a sus candidatos y propuestas legislativas.

Como lo han señalado reiteradamente varias organizaciones cívicas y tanques de pensamiento, nuestro sistema de elección de diputados está viciado desde la raíz. En el actual sistema no es el pueblo el que elige a sus representantes, sino las cúpulas partidarias las que otorgan esa delicada función a sus militantes más fieles y a los que reclaman pago por servicios prestados al partido o a sus altos funcionarios. Esa es la norma, aunque siempre hay algunas notables y honrosas excepciones.

Los ciudadanos no tenemos la opción de votar por las personas más honestas y competentes para integrar un órgano legislativo del que podamos sentirnos orgullosos, sólo nos dejan la opción de votar por una u otra nómina partidaria, aunque en ella vayan nombres de gente inepta o corrupta.

En repetidas ocasiones se ha planteado la necesidad de reformar ese sistema tan pernicioso para la democracia, pero los partidos políticos se hacen los sordos. No les interesa cambiar el sistema y tampoco hacen mayores esfuerzos para seleccionar candidatos a diputados que merezcan la confianza de la gente y que respondan verdaderamente a los intereses de la gente.

Ante la conveniente sordera de los partidos políticos, es necesario traer este tema nuevamente a consideración de la opinión pública y recordarles a todos que en 2009 también estaremos eligiendo diputados, y que de ellos, más que del Presidente, dependen las posibilidades de empezar a resolver muchos de los problemas que tanto nos angustian.