Lamentablemente, de esas oficinas todavía no sale un plan integral que responda adecuadamente a la magnitud y a la naturaleza de un problema que nos agobia a todos los salvadoreños y que frena enormemente cualquier estrategia de desarrollo económico nacional.

Han pasado varias semanas desde que el Presidente Funes llamó a la Fuerza Armada a colaborar de manera más intensa con la PNC en el combate al crimen. Poco tiempo, pero suficiente para que el Ministro de Defensa se convenza de lo que algunos advertimos desde el primer momento. En ausencia de un plan integral, la presencia de la Fuerza Armada en las calles, haciendo más de lo mismo que ya se venía haciendo, no puede producir resultados significativos. Algo tiene que cambiar, empezando por el entendimiento que las autoridades tienen del problema.

Esa es la razón por la cual el Ministro de Defensa ha declarado públicamente que debe analizarse la necesidad y la factibilidad de establecer un régimen de excepción en las zonas donde se concentra la mayor cantidad y la mayor gravedad de la actividad delincuencial.

La propuesta del General Munguía Payés refleja una genuina preocupación por ayudar eficazmente a resolver un grave problema nacional, pero también pone de manifiesto los valores de la institución castrense, celosa protectora de su prestigio y acostumbrada a una cuidadosa planificación estratégica y táctica para realizar exitosamente las misiones que se le encomiendan.

Pero es preciso escuchar con atención lo que ha dicho el Ministro de Defensa. En modo alguno está queriendo poner la carreta por delante de los bueyes. Lo primero es contar con un plan integral. Las acciones que dentro del plan se estimen necesarias son las que determinarán cuáles medidas excepcionales se requieren para su realización. Si es necesario, por ejemplo, restringir la libertad de tránsito, debe quedar claro dónde, cuándo y para qué.

Estas cosas no pueden ser discutidas en abstracto, pero es posible anticipar, y eso precisamente es lo que está haciendo el ministro, que la restricción temporal de algunas libertades es el precio que tendremos que pagar si realmente queremos frenar y revertir la escalada criminal.

En los Estados Unidos, un solo acto terrorista en el que perdieron la vida unas tres mil personas fue señal de alarma suficiente para entender que era necesario hacer algo drástico para evitar que se repitiera ese tipo de atentados. Hubo una reorganización masiva de todas las instituciones responsables de algún aspecto de la seguridad nacional.

Se dio una legislación especial, la ley patriota, para hacer más efectiva la prevención por la vía de la recolección de inteligencia. Dicha ley significó, sin duda alguna, una invasión de la privacidad a la que estaba acostumbrado el pueblo estadounidense.

Bajo el amparo de la ley, las autoridades han cometido lamentables abusos y arbitrariedades. No han faltado las críticas, por cierto muy necesarias; pero la ley y la reingeniería institucional eran necesarias y han cumplido su propósito.

De eso estamos hablando. Una amenaza excepcionalmente grave sólo puede contenerse con medidas excepcionales.

Desde luego, la limitación de las libertades ciudadanas y la asignación de potestades especiales a las autoridades del Estado deben mantenerse en los mínimos estrictamente necesarios, a lo cual ayuda la crítica de los opositores a este tipo de estrategias; pero al fin de cuentas, lo que todos debemos entender y aceptar es que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. En ese sentido, el Ministro de Defensa tiene una apreciación correcta del problema y de las condiciones de posibilidad para una verdadera solución.

Los salvadoreños no podemos ignorar nuestro pasado. Conceptos como el estado de sitio y el toque de queda todavía nos hacen brincar, y está bien que así sea, porque nadie quiere repetir esa negra etapa de violación masiva e insensata de los derechos humanos. Pero las cosas deben verse en su contexto y el contexto actual es muy diferente al de las últimas décadas del siglo pasado.

El debate de ideas es siempre necesario y afortunadamente posible en una sociedad democrática. Gracias al Ministro de Defensa, ahora al menos tenemos algo sobre lo cual debatir. Pero en ese debate hay que identificar diferencias en la calidad de las ideas.

De todo lo que se ha dicho, lo único que me parece inaceptable es rechazar a priori las ideas del ministro solo porque crean alarma y suponen reconocimiento de la gravedad del problema.

¿En qué país viven los que formulan ese tipo de argumentos? Seguramente es gente que nunca se sube a un bus y no vive en barrios en los que debe pagarse peaje a las maras para entrar o para salir. Seguramente es gente que no ha tenido que cerrar el negocio que daba de comer a su familia porque las extorsiones se lo acabaron.

Seguramente es gente que no se queda con el corazón pendiente de un hilo cada vez que sus hijos salen de su casa. A los que están realmente agobiados por la criminalidad, el reconocimiento de la gravedad del problema no les causa alarma sino más bien un poco de tranquilidad.