Los gobernantes tienen miedo de gastar su popularidad contrariando a los grupos más beligerantes, y los grupos que antes fueron víctimas de innombrables abusos creen haber adquirido para siempre el derecho de situarse al margen de las leyes, aunque éstas sean razonables, y el derecho de desafiar a las autoridades, aunque sean legítimas.

A pesar de que siempre persisten algunos que lo añoran, el autoritarismo termina provocando en algunos segmentos de la población una especie de reacción alérgica al poder coercitivo del Estado, cuyo ejercicio es inevitable en cualquier sociedad para la instauración del estado de derecho. De esa alergia deriva la ideología “políticamente correcta”, la de los que quieren atravesar el río a pie pero sin mojarse, la de los que desaprueban el desorden pero rechazan igualmente lo que debe hacerse para evitarlo, la ideología de los que piensan que todo conflicto debe y puede ser resuelto mediante una negociación.

Esa ideología se ve reforzada por los elementos persistentes de una mentalidad que ve el mundo en blanco y negro, dividido entre buenos y malos, inmunes los unos al error, incapaces los otros de virtud. Lo que varía es quién entra en cada saco. En el maniqueísmo político, los buenos son los que piensan como uno piensa; los malos (traidores, vendidos, corruptos, ignorantes o simplemente imbéciles) son los que piensan diferente, los que apoyan al partido enemigo. Pero en el maniqueísmo social la partición obedece a otros criterios, los buenos son los más vulnerables (los pobres, los menores de edad, las mujeres, los reos, las minorías étnicas); los malos, indiscriminadamente, los que tienen poder, dinero o autoridad.

La combinación de autoridades débiles, grupos desafiantes e intelectuales y funcionarios públicos que se sienten progresistas legitimando cualquier tipo de rebeldía, es la receta perfecta para el caos social, el estancamiento económico y la inestabilidad política. Por esa convergencia de actitudes estamos como estamos en El Salvador y vamos para peor. Por eso es un caos el transporte público. Por eso siguen en escalada los asesinatos y las extorsiones. Por eso no ha sido posible poner orden en los centros penales ni en las calles y aceras de nuestras ciudades.

En el caso de las ventas callejeras en diversos puntos de San Salvador, uno de esos tres factores ha empezado a cambiar. El alcalde capitalino está resuelto a poner orden y el presidente de la república ha dicho que lo va a respaldar. Los otros dos factores no han cambiado. Tampoco ha cambiado la camarilla de intelectuales, diputados, jueces y funcionarios que bendicen el caos porque, al fin de cuentas, a ellos no les perjudica mayor cosa, y porque su prioridad no es el bien del país, sino el mantenimiento de sus pulcras credenciales progresistas.

Ahí tenemos un alcalde que, en vez de excusarse en la herencia que recibió del otro partido, está haciendo algo para empezar a enderezar las cosas. Pero ahí están también los mismos de siempre, los que nunca hacen nada más que hablar, los que siempre encuentran razones para postergar, atenuar o negociar la aplicación de la ley, los que defienden del diente al labio el bien común pero siempre terminan favoreciendo los intereses particulares de sus clientes políticos.

La última vez que revisé el Código Municipal no encontré norma alguna que obligue al alcalde a resolver los problemas de pobreza y desempleo como condición para cumplir las obligaciones que sí le imponen las leyes. El alcalde Quijano ha sido prudente, ha dialogado y ha hecho y sigue haciendo su mejor esfuerzo para ofrecer alternativas a los vendedores. Lo que no puede hacer es convertirse en rehén de quienes sólo aceptan soluciones a su exacta medida.

Ningún alcalde tiene la obligación o la posibilidad de proveer infraestructura de mercados suficiente para todos los que hoy o mañana no encuentren otra forma de ganarse la vida. Ninguna universidad tiene obligación o posibilidad de admitir a todos los que quieran entrar. La necesidad o la conveniencia de algunos individuos, aunque sean muchos, no puede ser justificación para desafiar a las autoridades ni para situarse al margen de la ley, ni para forzar concesiones por la vía de la negociación. Mucho menos para realizar actos de vandalismo o medidas de hecho que lesionan los derechos de otras personas.