También faculta a la Asamblea Legislativa para suspender algunas garantías constitucionales en situaciones de grave perturbación del orden público (art. 29).

Sin embargo, el fundamento jurídico del apoyo que la FAES pueda dar a la PNC es solo una de las consideraciones que deben hacerse. Igualmente importante es tener claridad sobre la misión que se le encomendará a la institución castrense.

Nunca hay que meter a un ejército a pelear batallas que no pueda ganar.

En las últimas semanas, el tema del apoyo militar a la PNC se ha ido deslizando poco a poco en la opinión pública. Han sido pocas las voces que expresan alguna reserva y, menos todavía, las que exigen que la capacidad institucional de la Fuerza Armada se enmarque apropiadamente en una estrategia más amplia, hasta ahora inexistente, de combate contra la criminalidad.

En ausencia de tal estrategia, la participación de la Fuerza Armada podría resultar irrelevante y hasta contraproducente, porque su eventual fracaso vendría a acrecentar la sensación de impotencia de la población y enviaría a los delincuentes el nefasto mensaje de que no hay quien pueda con ellos.

Tal es la zozobra de la población, que estamos dispuestos a probar casi cualquier remedio sin hacer muchas preguntas. Tal es la presión a la que está sometido el gobierno, que podría caer en la tentación de actuar de manera precipitada o, peor aún, utilizar deliberadamente a la Fuerza Armada para generar una sensación de falsa seguridad en la gente y para bajar la intensidad de las críticas que constantemente aparecen en los medios de prensa.

Sería muy difícil demostrar que se ha cumplido la condición que pone explícitamente la Constitución para que el presidente pueda involucrar a la Fuerza Armada en tareas de seguridad.

El fenómeno de la criminalidad ciertamente ha desbordado a las instituciones públicas, pero no hemos llegado a ese punto por haberse agotado "los medios ordinarios", sino porque esos medios se han empleado de manera muy deficiente e insuficiente.

Seguimos sin ver, por ejemplo, un significativo refuerzo presupuestario a las instituciones que normalmente deben hacerse cargo de la seguridad pública.

No entiende el gobierno que la seguridad de los estudiantes es mucho más importante que la gratuidad de sus uniformes escolares. Ese es solo uno entre muchos ejemplos de asignaciones presupuestarias que reflejan prioridades bastante arrevesadas.

Además de la tela de uniformes, hay mucha otra tela que cortar en lo relativo a la idoneidad de las personas escogidas para dirigir las instituciones. Lo menos que se les debiera exigir, a más de cuatro meses de haberse instalado en sus cargos, es que tengan ya un buen plan de trabajo. Pero nada de eso, solo unas pocas ideas sueltas y borrosas.

Es sorprendente su falta de interés por conocer las ideas de personas que han estudiado a fondo estos temas y las experiencias de muchos que han hecho valiosos esfuerzos, desde diversas instituciones públicas y privadas, para combatir la violencia.

Hay muchos "medios ordinarios" que ni los gobiernos anteriores ni el actual han agotado. Pero si hacemos a un lado el estricto apego a la letra de la ley en aras de lograr una mayor sintonía con el espíritu de la misma, debemos reconocer que la intuición del presidente es correcta.

El país no puede darse el lujo de no aprovechar los recursos de la Fuerza Armada para darle un buen impulso al combate contra la criminalidad. Sobre este punto parece haber un consenso bastante sólido. Pero todavía falta claridad sobre lo que se espera que haga la Fuerza Armada para que su participación tenga un verdadero impacto.

Si la idea es simplemente sumar efectivos a los patrullajes que desde hace bastante tiempo han venido realizando los soldados del ejército y los agentes de la PNC, no salimos de lo mismo. Además, el verde olivo ya no provoca el mismo temor que en tiempos pasados. Afortunadamente, la Fuerza Armada ya no hace las atrocidades que hacía durante la guerra.

Los ciudadanos honrados le tenemos respeto a esa institución, pero por las mismas razones, los delincuentes no le tienen mucho temor. La Fuerza Armada añade poco a la eficacia de los patrullajes que realiza la PNC. Su rol debe pensarse en los aspectos más estratégicos.

El aporte más valioso que la Fuerza Armada puede hacer emana de su cultura institucional, afincada en sólidos valores y en el desarrollo de competencias de alto nivel para la planificación y ejecución rigurosa de operaciones tácticas y estratégicas.

Si no le van a permitir a la Fuerza Armada hacer lo que mejor sabe hacer, sería mejor dejarla en paz y dedicarse a fortalecer a la PNC y a las demás instituciones a las que les compete la seguridad pública.