Hemos pasado del autoritarismo que marcó las últimas décadas del siglo pasado a una permisividad casi absoluta en los albores del nuevo milenio. Nuestras máximas autoridades están desplegando una gran creatividad para inventar pretextos que justifiquen su temeraria pasividad. Se tiran la pelota unos a otros. No quieren ensuciarse ni caer en desgracia en los círculos de la izquierda burguesa enquistada en los organismos internacionales, la cual, desde sus cómodos espacios con aire acondicionado y aires de superioridad moral, prescribe recetas universales “políticamente correctas”, ignorando las angustias de millones de personas asediadas por el auge delincuencial.

El último episodio en esta dictadura de las minorías criminales es la toma del campus central de la Universidad de El Salvador por un pequeño grupo de aspirantes a quienes, por su pésimo rendimiento académico y por sus escasos talentos, se les ha negado la admisión para el próximo año lectivo. Estas personas han cometido varios delitos claramente tipificados en nuestra legislación penal, pero el Ministro de Seguridad Pública y Justicia se rehusa a desalojarlos, argumentando que “este no es un gobierno represivo” y que es el Rector de la UES quien debe solventar la situación negociando con los delincuentes.

Es verdaderamente increíble y extremadamente preocupante que el máximo responsable de la seguridad pública tenga semejante confusión en lo concerniente a sus obligaciones. En primer lugar, confunde el concepto de represión, con sus connotaciones de ejercicio abusivo y arbitrario de la autoridad, con el de la coerción legal y legítima que es obligación y prerrogativa del Estado para hacer prevalecer el estado de derecho y para garantizar la seguridad de la colectividad.

Pero no solo se niega el Ministro a hacer cumplir las leyes de la república, sino que incita a las autoridades universitarias a que ellos también pasen por encima de la institucionalidad y de las normativas internas de la Universidad. Se le escapa también el hecho de que quienes han secuestrado el campus universitario no son alumnos de la universidad y, por consiguiente, el Rector no tiene autoridad sobre ellos. Esa gente está violando leyes de la república y son las autoridades del Estado las llamadas a evitar que eso ocurra y a castigar a los responsables.

En tercer lugar, con sus declaraciones el Ministro envía un mensaje muy negativo a toda la población. Al lavarse las manos y sostener que una situación como la que nos ocupa debe resolverse por la vía de la negociación, está invitando atentamente a toda la gente a que intente imponer su voluntad y a que viole las leyes, pues de esa forma algo lograrán en la mesa de negociaciones.

Es un mensaje muy parecido al que ha enviado el presidente Funes al vetar las reformas a las leyes penales. Si Ud. es todavía joven, puede asesinar a quien quiera, puede extorsionar, puede hacer lo que le venga en gana. El Estado lo tratará con toda la deferencia que merece por el solo hecho de no haber cumplido todavía 18 años. La vida no vale nada. El asesinato no merece un castigo severo. Todo lo que debe hacer el Estado es intentar rehabilitar a estos pobres muchachos que se han convertido prematuramente en auténticos criminales.

Me perdonan si se sienten muy puestos en evidencia, pero con esa mentalidad no vamos a ningún lado, lo único que estamos haciendo es alimentar la impunidad y fomentar la anarquía.

Realmente estamos mal; pero en medio de los males hay que destacar y encomiar la firmeza y la lucidez del Rector de la UES en defensa de los derechos de la comunidad universitaria, de la institucionalidad de la UES y de las leyes de la República. Muy bien, señor Rector, se ha ganado usted el respeto de toda la población.