Nos dijo que no entendía por qué los salvadoreños no reaccionábamos con indignación ante la ola de crímenes y la masiva impunidad que soportamos estoicamente día a día.

El embajador tenía sólo unos pocos años de vivir en El Salvador. No era suficiente tiempo para acostumbrarse, para volverse insensible, para llegar a sentirse absolutamente impotente, para claudicar. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a incorporar en la normalidad de nuestras vidas todas las atrocidades que tanto perturbaban a ese distinguido amigo estadounidense.

Es realmente patético escuchar a nuestras máximas autoridades de seguridad pública anunciar con actitud de autocomplacencia que sus planes están produciendo resultados porque el mes o la semana anterior hubo, en promedio, uno o dos homicidios menos cada día. Cada vida es preciosa para quienes la aman, pero desde la perspectiva social esas reducciones carecen de significado, pueden deberse a muchos factores y circunstancias, equivalen a sacarle una huacalada de agua al océano.

También es patético seguir escuchando la excusa de que el problema tiene profundas raíces históricas y estructurales. Por cierto que eso sea, y lo es, dicha constatación no debe usarse para justificar la incapacidad que como sociedad hemos mostrado para hacernos cargo del problema y buscar solucionarlo con medidas realmente eficaces.

Erradicar la criminalidad o reducirla a mínimos realmente inevitables toma tiempo, pero eso tampoco debe ser excusa para mantener durante meses y años unas políticas, unas leyes, unas prácticas y unos liderazgos que obviamente no están produciendo los resultados que todos debiéramos exigir.

El día que atinemos a hacer todo lo que hace falta hacer, sabremos que estamos bien encaminados porque habrá, en corto tiempo, una drástica reducción de hechos criminales. Mientras eso no ocurra, estamos arando en el mar. Así de simple. No nos demos paja. Eso fue precisamente lo que ocurrió hace unos años con el problema de los secuestros.

A riesgo de ser duramente criticado por aquellos cuya idea del bien y el mal se reduce a sus propias filias y fobias políticas, debo decir que es tiempo de rescatar el espíritu, aunque no las concreciones, de quienes hace unos años pensaban que hacía falta mano dura para doblegar a los criminales.

Sin duda alguna, se cometieron muchos y graves errores en el intento de materializar una buena idea en un programa de gobierno, pero eso no necesariamente le resta méritos a la idea original. Enfrentamos como sociedad a un enemigo implacable, que día a día nos causa mucho daño y nos impone la ventaja que le otorga su sociopática inmoralidad. No podemos enfrentarlo exitosamente con actitudes blandas.

A la mano dura del pasado le hizo falta conexión con un cerebro abundante en materia gris, pero ese es un error que puede corregirse con relativa facilidad. La mano dura del pasado enfatizó el trabajo policial, sin ocuparse suficientemente del concurso eficaz de otras instituciones, pero eso también puede corregirse con bastante facilidad. La mano dura del pasado fue vanidosa, buscó más publicidad que efectividad, un error que definitivamente sería necesario evitar.

Mano dura no debe implicar abandono de un decidido impulso a las estrategias de prevención. Tampoco debe reñir con el respeto a los derechos humanos, ni con el apego al debido proceso, ni con la transparencia que debe tener toda acción gubernamental. Lo que entiendo por mano dura es una voluntad firme, una acción inteligente, una disposición a sacrificar temporalmente algunas prerrogativas para hacer posible el uso eficaz del poder coercitivo del Estado.

Mano dura significa apretar el marco jurídico, de forma que responda no sólo a ideales sino también a las concretas necesidades y realidades de nuestra sociedad. Sin comprometer las garantías individuales, la carga de la prueba que se le impone al Estado no debiera ser tan pesada que impida a la Fiscalía conducir exitosamente los procesos judiciales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de homicidios y extorsiones que hoy en día se cometen en El Salvador no dejan evidencias materiales y que el clima de terror limita considerablemente la eficacia de la prueba testimonial.

Mano dura significa un control mucho más estricto en los centros penales y eso, a su vez, requiere una inversión en infraestructura carcelaria. Significa también restricciones al derecho de portación de armas de fuego, con el específico propósito de hacer más factible el decomiso de las armas en manos de criminales.

La mano dura debe aplicarse con igual o mayor rigor a los funcionarios y empleados públicos negligentes o corruptos en la Fiscalía, la PNC, el órgano judicial y el sistema penitenciario.

Pero uno de los más graves errores del pasado que debemos evitar es que una sola de las manos sea dura. Las dos deben serlo, la derecha y también la izquierda. Ninguna sociedad puede combatir eficazmente sus lacras sociales si no tiene una voluntad firme y unificada. Ese es el gran desafío de los liderazgos políticos e institucionales.