En sistemas políticos estables, la solidez institucional, la separación de poderes y la vigencia del estado de derecho son garantía suficiente contra la corrupción y los abusos a los que suelen ser proclives los gobernantes, especialmente aquellos que se sienten redentores de sociedades oprimidas.

En la medida en que un régimen político tenga estabilidad y legitimidad, puede ser beneficiosa la continuidad de un determinado grupo de personas al frente del gobierno. Pero aun en esos casos, no es aconsejable la continuidad por tiempo indefinido.

La historia reciente de los Estados Unidos de América nos ofrece un par de ejemplos, la administración de Ronald Reagan y la de Bill Clinton, en los que un segundo período ayudó a un presidente a completar importantes misiones de distensión política internacional y de bonanza económica nacional. Pero también nos ofrece el ejemplo de un nefasto segundo período del presidente George W. Bush, en el que se profundizaron grietas que un poco más de la mitad del electorado decidió ignorar o no pudo detectar oportunamente.

Las cosas son diferentes en América Latina, donde los regímenes democráticos son incipientes y luchan por sobreponerse a la inercia histórica de varias décadas de autoritarismo y exclusión social. Son regímenes cuyas instituciones no alcanzan todavía niveles satisfactorios de eficacia y confiabilidad, regímenes muy vulnerables a la manipulación de grupos y personas con propósitos turbios, regímenes que reflejan una cultura democrática todavía extremadamente débil y difusa.

En tales contextos, la continuidad de los grupos gobernantes resulta muy contraproducente, particularmente cuando su única fuente de legitimidad son procesos electorales en los que prevalece la persecución política de los opositores, la intimidación de los electores, las restricciones a la libertad de expresión y organización y, cuando todo eso es insuficiente, el fraude electoral avalado por instituciones que carecen de la independencia necesaria para desempeñar su rol como garantes de los derechos ciudadanos.

Esto es exactamente lo que acaba de ocurrir en Nicaragua y lo que ha ocurrido también en Venezuela. Un hostigamiento por todos los medios imaginables a los partidos opositores, descalificación antojadiza de sus dirigentes y candidatos, intimidación a la población y, finalmente, un fraude más burdo que los que perpetraban el PCN y los militares salvadoreños en la década que nos condujo a una guerra fratricida.

En ambos casos, para salvaguardar las apariencias democráticas, los procesos fraudulentos han sido precedidos por un asalto paulatino a las instituciones, de forma que el gobernante que aspira a perpetuarse en el poder logra control absoluto de la Corte Suprema de Justicia y de las instituciones encargadas de organizar y validar las elecciones. Previamente ha sido necesario controlar la asamblea legislativa, responsable de nombrar o elegir a los oportunistas que luego se prestan a lo que se le ofrezca al caudillo.

Cuando veas el cadáver de tu vecino pasar, pon tus barbas a remojar. El triste episodio político que está viviendo Nicaragua debe hacernos pensar. Salvadas las evidentes diferencias, nadie puede afirmar categóricamente que El Salvador no pueda verse en una situación similar.

El FMLN y el FSLN no son la misma cosa, pero son primos hermanos, nacidos en similares situaciones, con iguales propósitos y con la misma ideología. A quienes me interpelan sobre este punto, no puedo darles una certeza analítica de que el FMLN no ocuparía el principio de alternancia para terminar con la alternancia.

No soy yo quien puede disipar las dudas de quienes se preguntan si al votar por el FMLN estarán simplemente dándole una oportunidad a ese partido o estarán también negándoles toda oportunidad a los demás partidos en las elecciones sucesivas.

Quisiera pensar que no será así, que en caso de llegar al poder el FMLN observará un comportamiento genuinamente democrático y estará dispuestos a entregar el poder a otro partido si esa fuera la libre voluntad popular dentro de cinco años. Pero esas seguridades sólo puede darlas el propio FMLN, y serían más creíbles si van acompañadas de una enérgica condena a Daniel Ortega y de un rechazo inequívoco a su comportamiento abusivo.

Mientras tanto y por si acaso, necesitamos ponerle buenos candados a nuestro sistema democrático, de forma que nadie pueda tener o usar una mayoría legislativa para corromper a las demás instituciones y subordinarlas a designios contrarios a la democracia.