Ahora, los miembros del Ejecutivo con voz y voto respecto a la minería meditan mucho más sus respuestas o evitan hablar del tema. El primero ha sido el caso de la ministra de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia, y el segundo, el del titular de Medio Ambiente, Carlos Guerrero.

La semana pasada, la cartera de Economía lanzó un concurso internacional para licitar la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Se trata de un instrumento que permite evaluar los efectos acumulativos de varios proyectos. De Gavidia explica: “a partir de ellos podemos calificar, jerarquiza y focalizar los impactos potenciales (de la minería metálica)”.

Contar con una EAE, según la ministra, permite anticiparse a las propuestas de desarrollo minero “y evitar la ejecución de proyectos que pudieran ser perniciosos para el medio ambiente”. La EAE facilitará la toma de decisiones para el gobierno y ayudará a definir una política pública ante el tema.

De Gavidia sigue al pie de la letra las instrucciones que hace un mes el presidente Antonio Saca reconoció haberles dado a ella y a Carlos Guerrero. Días antes de cumplir su cuarto año de gestión presidencial, Saca dijo al El Diario de Hoy: “Le he dicho al Ministro de Medio Ambiente, a la Ministra de Economía, que necesitamos un estudio que determine la posibilidad y el no daño ecológico de la explotación del oro en nuestro país y que después de tener este estudio se puede tomar la decisión de otorgarles el permiso de explotación”, detalló.

Para el Director Ejecutivo de Salvanatura, Juan Marco Álvarez, y para la coordinadora de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), la EAE no es el único paso previo a dar como país antes de abrir las puertas a la explotación minera.

Álvarez recuerda que la EAE debe servir como base para elaborar una política minera, que debería definirse antes de aprobar una nueva ley de minería.

Por su parte, de Barraza señala que si se investiga el tema en las universidades, en el ministerio de Economía y en el CONACYT, se encontrará nada más que “una resma de papel” al respecto. La coordinadora de la CND subraya: “En los estudios que hay sobre el tema minero, difícilmente uno puede concluir con certeza que es una actividad de relevancia”.

De Barraza tiene una postura crítica: “Cuando escucho que van a utilizar ‘tecnología avanzada’, uno tiene el derecho de creerles, pero como ciudadano uno se pregunta: ‘¿Quién del Estado asegura que controla, supervisa, amonesta en este tema?’. El pasó lógico a tomar es eminentemente institucional”, concluye.