Para Rodrigo Chávez, Director Ejecutivo de Pacific Rim El Salvador, la propuesta de ley es más restrictiva y aumentaría los costos de la operación de las empresas. En tanto, para el diputado Héctor Dada, de Cambio Democrático, se trata de una propuesta totalmente “permisiva”.

Como sea, al director ejecutivo de Salvanatura, Juan Marco Álvarez, le parece contraproducente aprobar una nueva ley minera antes de que el país cuente con una evaluación ambiental estratégica y una política minera bien definida.

En sus palabras: “No tiene sentido. Sería como contraproducente políticamente hacer eso, porque causaría rechazo. Las cosas tienen que hacerse de una forma ordenada con procesos que, nosotros como ONG, ya sabemos que van funcionando en otros países”.

El arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, tampoco cree adecuado apresurarse en la aprobación de esta propuesta: “El asunto es que seamos sinceros y analicemos la situación y que, además, ya que los diputados son los responsables de la ley actúen como verdaderos patriotas. Que se den cuenta que es una cosa muy seria, que se hagan todos los estudios necesarios”, insiste.

Pero en la Asamblea Legislativa la dinámica funciona de otra manera. En enero de este año, un integrante de la comisión ad hoc que estudia el proyecto de ley de minería recibió una versión en la que con tinta roja se destacan los puntos a “negociar” con el FMLN y las ONG ambientalistas. Esto a pesar de que con los votos del PCN y ARENA bastaría para que la ley sea aprobada.

El costo político que esto podría tener para el partido gobernante parece haber puesto freno a la iniciativa. Aunque según un estudio de opinión realizado para Pacific Rim por una consultora hondureña, “dos tercios” de los salvadoreños están en favor de la minería metálica, el Ejecutivo tienen una postura de cautela frente al tema. El hecho de no abrir las puertas a la minería en la franja norte del país también podría pasarle factura al Estado.