Freddy Alexánder Chaparro Molina se hundía cada día, a las 5:00 de la mañana, en un oscuro socavón de carbón metido entre las montañas de Gámeza, un pequeño pueblo del departamento colombiano de Boyacá, en plena cordillera Oriental. Tenía apenas 13 años y trabajaba en las más precarias condiciones en una mina ilegal. Él y su hermano murieron hace poco más de dos meses, cuando se derrumbó la mina. También perdieron la vida su cuñado Carlos Julio Pedraza y otros cinco obreros, quienes no contaba con equipos de seguridad.

Desde diciembre de 2005 se había detectado la ilegalidad de esa excavación, un hecho que había sido notificado al alcalde de Gámeza, quien debió cerrarla.

El hecho, además de convertirse en tragedia, puso en evidencia la precariedad de los controles gubernamentales a un oficio lleno de riesgos, en el que ni siquiera se evita el trabajo de más de 400 niños en los socavones.

¿Qué fue del Plan Nacional de Desarrollo Minero para modernizar esa industria y ponerle fin a la informalidad, lanzado hace cinco años por el Gobierno Nacional?

Funcionarios del Instituto Colombiano de Minería (Ingeominas) admiten que entre el 70 y el 80 por ciento de las 6.078 minas colombianas de carbón, oro, esmeraldas, caliza, arcilla y materiales de construcción incumplen las mínimas condiciones ambientales y de seguridad.

Por eso es poco probable que la luz al final del túnel en lo relacionado con el futuro de este sector aparezca pronto. No hay optimismo, aunque el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, anuncie que comenzará a cerrar las minas inseguras y que no diseñen un plan de manejo.

El que funcionen en la ilegalidad trae otro dos problemas: su ubicación en zonas de reserva ecológica y el empleo informal.
Juan Lozano, ministro de Medio Ambiente de Colombia, calcula que cerca del 40 por ciento de las extracciones están en los páramos, por encima de los 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, ecosistemas que son como esponjas que acumulan grandes cantidades de agua. No tienen plantas de tratamiento, arrojan sus aguas residuales directamente a los caudales y producen el 30 por ciento de la deforestación nacional.

"La minería es una actividad que causa daños muy difíciles de reparar, es de un inmenso impacto para el suelo y la flora que es degradada absolutamente porque se desarrolla sin equipos y como si aún estuviéramos en el siglo XIX", explicó Lozano.
Eso lleva otro a otro problema: que muchos de los mineros se ganan la vida sin que les cumplan con las mínimas obligaciones en salud o seguridad social. Sólo en Boyacá y Cundinamarca, según datos estimados y suministrados por las secretarías de Minas de ambas regiones, hay cerca de mil minas ilegales que emplean al menos 50 mil hombres. En Antioquía la ilegalidad llega a 77 minas y en Caldas podrían superar las 300.