La minería tiene terreno fértil en América Latina. Metales como el oro, la plata, el cobre, el níquel y el hierro son producidos a gran escala en la región.

Uno de los países con mayor tradición minera es Perú, el mayor productor de plata en el área seguido por México. Para el país sudamericano, la minería representa el 50% de las exportaciones totales y el 15% de la inversión extranjera. Este rubro representa el 4.7% del PIB del Perú y aporta el 26% de lo que el país percibe en impuestos sobre la renta. A pesar de todos estos beneficios, la actividad minera también genera dolores de cabeza.

Desde el 9 de junio, la población minera de Moquegua enfrenta una huelga indefinida que le exige al gobierno central redistribuir el llamado canon minero, un impuesto que el artículo 77 de la Constitución peruana plantea: “la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estados, por la explotación económica de los recursos naturales”.

Los huelguistas han bloqueado un tramo de la carretera Panamericana Sur y causado tanto caos que el gobierno central ya anunció el envió de 300 policías para realizar un desalojo y abrir paso a los vehículos.

Ese tipo de conflicto, por distribución de regalías, propio de los países con tradición minera, institucionalidad y un marco legal minero que no se limita a una ley y a un reglamento de minas está lejos de compararse con las protestas surgidas en los últimos años en Guatemala, Nicaragua y El Salvador cuando se han enterado de que existen empresas interesadas en iniciar un proyecto de explotación.

El panorama de la minería en América Latina es variopinto y las legislaciones y controles a los que las empresas deben someterse están llenas de matices. En Cuba y los países del cono sur donde los gobiernos son de izquierda, las empresas entregan gran parte de sus ganancias al Estado y corren constantemente el riesgo de que los permisos de explotación recibidos les sean anulados de un momento para otro. Mientras que en las democracias, las empresas enfrentan huelgas, los cuestionamientos de quienes velan por el medio ambiente y reclamos del estado cada vez que sucede un accidente ambiental o laboral. En fin, el mapa de la minería es un rompecabezas y El Salvador está aún por decidir si convertirse en una de sus piezas o no.