Morazán
Sonia Bernal
Diario de Oriente
diariodeoriente@elsalvador.com


La familia de María Santos Portillo, del barrio Las Flores de San Francisco Gotera, supo de la justicia de El Salvador en abril de 2003, cuando uno de sus hijos fue acusado de causar un incendio en una fábrica de procesadores de forrajes de ganado.

“Nosotros vivimos contiguo a la fábrica y ésta se incendió. El vigilante nocturno murió por las quemaduras y acusaron a mi hijo de haberlo provocado”, dice Portillo.

Su vástago junto a otros cuatro jóvenes fueron señalados como los responsables del incendio, cinco meses después del siniestro. Ellos fueron capturados por orden judicial en un operativo policial, y los tuvieron 10 días presos en las bartolinas de la policía.

Luego fueron acusados de homicidio agravado en perjuicio de Marvin Armando Hernández y daños agravados en perjuicio de Ricardo Bonilla, por lo que se pretendía que además de la condena reconocieran dos millones 600 mil colones por las pérdidas.

María Santos, ama de casa, quería defender la inocencia de su hijo, pero carecía de un trabajo y sólamente contaba con la ayuda de una hermana, quien reside en Estados Unidos, y lo que ganaba su compañero de vida, un electricista.

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Por tanto, la mujer, al no poder contratar un abogado o pagar lo que les pedían, acudió a la Procuraduría General de la República (PGR), donde le asignaron un procurador para que representara a los cinco muchachos. En cambio, el propietario de la fábrica contaba con un abogado particular querellante y tres fiscales, en la causa.

A prisión

María Santos tuvo un revés en la audiencia inicial. Ahí, los fiscales y el abogado querellante solicitaron tres meses para las investigaciones, mientras los imputados fueron llevados al Centro Penal de San Miguel. Después, el trimestre se convirtió en más de un año.

Los familiares de los jóvenes, preocupados por esta situación, acudieron a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), para determinar las causas de la retardación en el proceso, ya que habían solicitado más abogados defensores para los acusados, pero ni siquiera habían tenido la oportunidad de exponer su caso y solicitar más defensores en la Procuraduría de Morazán.

Esta delegación sólo cuenta con ocho defensores públicos para un total de 25 municipios morazánicos.

Con la intervención de Fespad, se consiguió un segundo defensor público, quien fue clave en el procedimiento judicial, con el acompañamiento de la institución. El 30 de agosto de 2004, se realizó la vista pública en la que los muchachos fueron sobreseídos definitivamente.

La justicia cojea en algunos casos Las instituciones operadoras de justicia con frecuencia fallan. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) vela para que la ciudadanía reciba un procedimiento justo Floridalma Martínez: “Vemos por qué no se hicieron los procedimientos”. Foto EDH María Santos Portillo no descansó hasta demostrar la inocencia de su hijo. Fespad abrió recientemente una oficina en San Miguel. Floridalma Martínez, encargada, explica que se trata de dar seguimiento a casos que no han tenido resolución en las instituciones pertinentes y Fespad procura que se aplique justicia. “No llevamos el caso, si no que se procede a determinar las causas por las que no se hizo el procedimiento y la conclusión de éste en la entidad precisa”, aclara. Día a día, se conocen casos de ciudadanos que buscan, sin éxito, ejercer sus derechos en el sistema judicial. Sin embargo, muchos han perdido la confianza para acercarse a las instituciones del sector justicia, por la mala atención recibida o porque sus procesos fueron retardados y no lograron lo que pretendían. Incluso podría haber discriminación hacia el usuario, por no tener algún nivel académico o poseer una apariencia física diferente o sencillamente por no contar con los medios suficientes para pagar los honorarios de un abogado particular. Según la representante de Fespad, el acceso a la justicia es la posibilidad de hacer uso y ejercicio de los mecanismos e instituciones judiciales o administrativas que tutelan derechos para obtener una pronta y eficaz respuesta. En sentido estricto, significa el acceso a la jurisdicción o a los tribunales. Es el acceso a todas las instituciones que tienen relación con el ejercicio y el cumplimiento de los derechos. Sin dinero Fespad realizó una investigación, a través de entrevistas a operadores de justicia, como jueces, procuradores, fiscales, abogados, líderes de comunidades y sindicales. Se determinó que existe una variedad de factores por las que se retrasa la justicia. Se descubrió que los problemas son con base en la pobreza, debido a las limitaciones económicas para contratar a un asesor jurídico particular y por los costos que le representa movilizarse de un lugar a otro. También, la falta de confianza de la población hacia las instituciones, generada por la poca atención de los funcionarios o empleados o por antecedentes con resultados negativos. Asimismo la gente ignora lo referido a sus derechos y los roles de las instituciones; además sufre la retardación de justicia, la persistencia de la corrupción en las instituciones y operadores, conocido popularmente como tráfico de influencias. Los casos más comunes de denuncias en Fespad son en contra de operadores de justicia: jueces, fiscales e incluso de negligencia en la Procuraduría de Derechos Humanos. Otro problema detectado son los altos costos que implica contratar un abogado particular, sin olvidar los procedimientos burocráticos y engorrosos, la falta de material humano y financieros en algunas instituciones en relación al número de usuarios y la carga de trabajo de las instituciones, como la falta de idoneidad del personal.