Morazán
Enrique Maldonado
Diario de Oriente
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La sede del Consejo Departamental de Alcaldes (CDA) de Morazán, en San Francisco Gotera, era el sitio donde supuestamente sostendrían una reunión los jefes edilicios morazánicos. Una oportunidad inmejorable para abordar a los representantes de la Microrregión Norte.

Aunque posteriormente se confirmó que la sesión no tendría lugar, se supo que llegarían por la asignación mensual del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (Fodes). “Doña Miriam (alcaldesa de Perquín) se acaba de retirar.

Quien está adentro es el (alcalde) de Joateca”, comentó la secretaria.

Mientras aguardábamos su salida, la mujer nos señaló al edil de Torola, Héctor Ventura Rodríguez. Sus declaraciones fueron de oposición, aunque el tono de su voz denotaba poco dominio del tema. Entre las razones que externó para adversar la obra está el “temor al embalse”.

Se le aclaró, con base en la información proporcionada por Jaime Alfaro, dueño del terreno donde se construirá la presa, que no habría inundaciones sino que sólo se aprovecharía una parte del caudal del río para mover los generadores y luego sería devuelto al cauce. “Uno piensa muchas cosas por no tener información”, dijo Rodríguez.

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Para el funcionario, “cuando se construye una presa el daño al medio ambiente es grande. Además, mucha gente no podría acceder a sus terrenos por el área (inundada) que abarcará la presa ”. Alfaro objeta los señalamientos: “las aguas se oxigenan al pasar por las turbinas”.

Por otra parte, en el tramo comprendido desde donde se levantará el dique hasta la casa de máquinas “hay cinco caídas de agua, algunas con alturas de hasta 15 metros”, dice y asegura que por esa razón es difícil hallar peces ahí, pues “la fuerza del agua los arrastra”. De ahí que al regular la corriente con el muro, planee sembrar variedades piscícolas propias de la zona.

Tras la breve conversación con Rodríguez, salió Vicente Argueta, jefe edilicio de Joateca. Sostiene que “cada proyecto trae un problema, pero se deben sopesar a la luz de los beneficios” que trae a la población.

La secretaria del CDA nos avisó que la reunión era en Jocoaitique. “Los están esperando”, insistió. Al camino. Según externó el alcalde de esta población Héctor Hernández, “usar tres cuartas partes del agua del río es casi secarlo”.

Alfaro dice que es el caudal máximo autorizado para mover las turbinas, y luego será devuelto al cauce. Después de donde se levantará el dique, “hay dos quebradas afluentes del Sapo que tienen agua incluso en verano”, aclara para desvirtuar la hipótesis. “El río no se va a secar”.

El síndico de Jocoaitique, Cristóbal Chicas, dice: “Queremos proteger los recursos y el río Sapo es cristalino. Con la presa ya no va a ser natural”, mas no alcanza a establecer la causa de esa desnaturalización.

La autoridad municipal de Arambala, Adolfo Argueta, recuerda que en el año 2000, al conocer el proyecto, lo vieron como una oportunidad de “generar fondos para el desarrollo social”. Además, establecieron condiciones: generar empleo permanente, precio preferencial en las tarifas eléctricas y pagar un impuesto a la municipalidad por KW/H producido.

Mano de obra

Alfaro es claro al decir que se contratará, en la fase de construcción, la mano de obra local que se requiera. En la fase operativa, habrá entre ocho y diez plazas, cubiertas por personal idóneo.

Respecto a las tarifas preferenciales, la generadora, por ley, no puede hacerlo. “El ente rector es la Siget” y establece las tarifas al consumidor con base en promedios mensuales calculados a partir de los costos de producción de las diferentes fuentes.

Dique y canal de la central La Chácara, de Carolina. Foto Diario de Oriente/ Felipe Ayala

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Sonsonate y San Miguel tienen dos centrales a filo de agua, desde hace varios años
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