Oriente
Enrique Maldonado
Diario de Oriente
diariodeoriente@elsalvador.com

Cuando el ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, anunció que se daría un plazo de 30 días, a partir del 1 de septiembre, para que las municipalidades cumplieran el requisito de presentar el estudio de impacto ambiental del sitio donde depositan sus desechos, no se percató de que con la medida se estaba violando la ley. La extensión de plazos contemplados en leyes es facultad de la Asamblea Legislativa.

Por ese motivo, ahora la dependencia estatal corrige y se ampara en el artículo 92 de la Ley de Medio Ambiente, que se refiere a las actuaciones previas al inicio del procedimiento sancionatorio para los gobiernos locales que no presentaron la documentación requerida el 28 de agosto, fecha límite fijada para tal propósito.

De oficio

El referido artículo se refiere a la determinación preliminar de las circunstancias que justifican la apertura del procedimiento, la cual puede ser por denuncia, de oficio o por aviso ante el Ministerio. El tiempo que media entre la apertura, la investigación para determinar, en forma preliminar, la presunta violación a la ley, la notificación al supuesto infractor y la presentación de alegatos de descargo, no debiera exceder los 30 días.

Ese es el verdadero sentido de las afirmaciones hechas por el ministro Barrera, informaron voceros de la dependencia gubernamental. Con esta salida se evitaría la supuesta usurpación de facultades que no le corresponden.
Al margen de la explicación legal, hay casi un centenar de alcaldías que no tienen iniciativas para el tratamiento de los desechos ni un sistema de recolección. Entre estas no figura ninguna de Usulután y La Unión. Por San Miguel son 19 de los 20 municipios y de Morazán, 15 de los 26 que lo integran.

El botadero de Santa Elena, en Usulután, no reúne las condiciones técnicas. Foto diario de Oriente / Felipe Ayala

Sin dinero

En San Rafael Oriente, San Miguel, además carecen de los recursos financieros para construir el relleno sanitario, dice el alcalde Israel Aparicio.

Sin una fuente de ingresos más que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), pareciera que las alcaldías no pueden costear la construcción de rellenos. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente (Marn) cuenta con el Programa de Descontaminación de Areas Críticas (DAC), que tiene a disposición recursos monetarios y brinda asistencia técnica, aclara la técnico del Marn, Mercedes Herrera de Gómez. Los que no tienen “podrían acercarse al Ministerio”, sugiere.

A pesar de las limitantes monetarias, Nueva Granada, en Usulután, que no tiene un sistema de recolección, ya se ha hecho el estudio “con apoyo del Consejo Departamental de Alcaldes”, dice el jefe edilicio David Ruiz. El funcionario también mencionó la posibilidad de asociarse con los gobiernos locales de Estanzuelas y El Triunfo.

Ruiz dice que su administración es consciente de la necesidad de darle un tratamiento a la basura, no simplemente de lanzarla en algún lugar. Pero critica la costumbre de los granadenses de “tirarla en las quebradas”.

Por el momento, lo único seguro en el tema de los desechos es que habrá alcaldías que no cumplirán el requisito legal. Según el artículo 85 de la Ley de Medio Ambiente, se podrían ver obligadas a “restaurar el ecosistema afectado”. Si lo anterior no es factible, entonces deberán indemnizar “al Estado y a los particulares por los daños y perjuicios causados”.

El método japonés barato y eficiente

“La diferencia con el método tradicional es que se le puede inyectar aire para aumentar el proceso de descomposición de la materia orgánica”, explica Mercedes Herrera de Gómez, técnico ambientalista del Ministerio de Medio Ambiente (Marn).
Como consecuencia de la degeneración de la materia orgánica, “hay más vida útil por la mayor compactación en las celdas de los rellenos”, continúa de Gómez. Las tuberías por las que se inyecta el aire son las mismas por las que se evacuan los lixiviados, líquidos desprendidos de los desechos.

El triunfo clausuró su sitio, pero “de vez en cuando” se lanzan desperdicios. Foto diario de Oriente / Felipe Ayala

El método Fukuoka es asimismo mucho más barato “porque se emplean materiales locales” y no requiere de tecnología sofisticada. “Ha habido casos, en otros países, donde incluso se ha usado bambú como tubería para los lixiviados”, añade.
En La Unión, nueve municipios cuentan con la asesoría de la Agencia del Japón para la Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) para aplicar el referido procedimiento en el botadero de Santa Rosa de Lima. En la iniciativa también intervienen el Marn, Ministerio de Salud e ISDEM, y las alcaldías de Lislique, Anamorós, Concepción de Oriente, El Sauce, Polorós, Nueva Esparta, Bolívar, San José la Fuente y Santa Rosa de Lima.

Alcance regional

Con el plan se pretende demostrar técnicamente que el manejo es sostenible, a pesar de los pocos recursos de algunas municipalidades y la cultura de no pago de muchos ciudadanos, dice de Gómez. Además, la experiencia se extenderá a otros gobiernos locales de El Salvador y de Centroamérica.

La apuesta que se hace en La Unión es bastante ambiciosa. Además, se tiene la ventaja de que el botadero santarroseño “reúne las condiciones para convertirlo en relleno sanitario”. Se estima que tendría una vida útil de 20 años, “pero aún hace falta realizar más estudios” para determinar el plazo real en que prestará servicio a las comunidades unionenses.